La fortaleza de la Región Latinoamericana descansa en su continua modernización, con miras al impulso del desarrollo económico, acompañado de paz social para sus pueblos. En este proceso los sistemas financieros juegan un papel esencial.

El reciente diálogo del Sector Privado Estados Unidos – América Latina sobre AML/CFT , patrocinado por la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos de América, al igual que la IV Conferencia Regional de los Sectores Público y Privado organizada por el BID, FELABAN y ASBA, ambos eventos atendidos por representantes de la industria bancaria y reguladores de la Región, promovió un sano intercambio de opiniones sobre temas de interés regionales. Estas reuniones han motivado mi interés de compartir con ustedes consideraciones en torno a nuevos desafíos que enfrentan los países de la Región y la necesidad de profundizar el diálogo entre reguladores y entre la industria bancaria de la Región y la de EE.UU. para afrontar estos retos.

Como resultado del intercambio de ideas en ambos eventos, celebrados el pasado 29 y 30 de junio en Washington,, D.C., no hay la menor duda y así quedó plasmado, del compromiso de los países de prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo al igual que todo delito que atente contra su salud económica y financiera.
Entre las propuestas realizadas en el diálogo del 29 de junio, la propuesta de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias de la República Argentina invoca la necesidad de un Acuerdo Regional para prevenir y combatir dichos delitos a través de la capacitación de expertos o la creación de expertos o grupos de inspección especializados en anti-lavado de dinero y combate del financiamiento del terrorismo para evitar efectos no deseados sobre la seguridad y solidez de nuestros sistemas bancarios y sobre las economías de los países de la Región.

Los temas puntuales que están afectando la Región, como lo reflejan los resultados de las encuestas realizadas este año por FELABAN y por el Banco Central de Argentina, están relacionados con la reciente afectación de los servicios de corresponsalía, en países latinoamericanos, que por la complejidad del sector y los eventos que han causado cambios fundamentales en los controles de los sistemas financieros.

Debemos reconocer los esfuerzos que la Industria realiza, asumiendo con responsabilidad los nuevos costos causados, en parte por procesos de diligencia debida, contratación de personal especializado, capacitación continua, implementación de auditoria interna y externa para control de cumplimiento, implementación de herramientas tecnológicas, entre otros, necesarios para contrarrestar las amenazas de los delincuentes locales e internacionales, con lo cual como supervisores estamos de acuerdo que son necesarios, de lo contrario, podría devenir eventos de consecuencias no deseadas.

Lo anterior, nos lleva a confirmar que los países tienen muy clara su obligación, en difíciles tiempos que se viven, de reiterar su compromiso de prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, a pesar del aumento en costos que exige la implementación de estos esfuerzos. Porque no hay que dejar de lado que esos costos se trasladan a los clientes de los mercados financieros, los que pueden encarecer sus economías, restando recursos que podrían ser utilizados en obras de carácter social.

Por lo expuesto, es importante que los reguladores y supervisores de la región profundicemos el diálogo sobre estos retos. Esto evitará la duplicidad de esfuerzos en la implementación de regulaciones y procedimientos que puedan obstaculizar el desarrollo económico y optimizará los recursos utilizados para combatir y prevenir los referidos delitos, evitando así medidas que afecten negativamente las economías de los pueblos. Ello puede realizarse a través del fortalecimiento de nuestros continuos esfuerzos de cooperación regional.
Panamá, 6 de julio de 2006.

AML/CFT (Anti-Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo)

Top